La fianza de inmigración decide si el caso se defiende desde casa.

La ley fija un mínimo de $1,500 en la sección 236(a)(2)(A) de la INA y no fija un máximo. El monto que fija ICE no es definitivo: en la audiencia de fianza el juez puede reducirlo, mantenerlo o aumentarlo, y la cifra suele seguir la prueba sobre el riesgo de fuga. Un domicilio fijo, un patrocinador verificable, los lazos familiares y un caso de alivio pendiente suelen pesar más que cualquier discusión sobre la cifra.

ICE acepta fianzas en efectivo de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, bufetes de abogados y organizaciones sin fines de lucro; esta firma no adelanta ni presta el dinero de la fianza. Las fianzas por lo general se pagan en línea mediante el sistema CeBONDS de ICE, por transferencia bancaria, y el fiador firma el Formulario I-352; el pago en persona en una oficina de ICE se maneja caso por caso. Una familia que no puede pagar el monto completo puede recurrir a una compañía de fianzas certificada por el Departamento del Tesoro, cuya prima por lo general no se devuelve. Ninguna fianza legítima se le paga a alguien que llama pidiendo dinero.

Por lo general sí, si se cumplen todas las obligaciones: la persona asiste a cada audiencia, se presenta cada vez que ICE lo exige y cumple la decisión final, incluida la salida del país si se ordena la deportación. Entonces ICE cancela la fianza con el Formulario I-391 y reembolsa al fiador. Un incumplimiento hace perder el depósito, así que el fiador debe mantener al día su domicilio registrado y seguir en contacto con la persona liberada y con el abogado.

Muchas veces sí, si la persona fue arrestada dentro del país y no en la frontera o cerca de ella, y si ICE no la puso en deportación acelerada (expedited removal). El 28 de agosto de 2026 el Tercer Circuito decidió en Buele Morocho v. Warden Philadelphia FDC que estas personas están detenidas bajo la sección 236(a) de la INA y pueden pedirle fianza a un juez de inmigración. La decisión obliga en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, no alcanza la detención obligatoria de la sección 236(c) y podría cambiar si la Corte Suprema decide revisar la cuestión. Desde julio de 2026, ICE puede aplicar la deportación acelerada en cualquier parte del país a quienes no puedan demostrar dos años de presencia continua, y esa vía implica detención sin audiencia de fianza. Una audiencia no es una liberación: el juez sigue decidiendo sobre el peligro y el riesgo de fuga.

Depende del delito exacto y de su resultado. Los delitos que enumera la sección 236(c) de la INA exigen detención obligatoria. Por lo general se trata de una condena, pero para quienes se consideran inadmisibles puede bastar que la persona reconozca haber cometido un delito o que haya motivos para creer que traficó drogas. La Ley Laken Riley de 2025 extendió la detención obligatoria a quienes estén acusados o arrestados por robo con allanamiento (burglary), hurto o robo (theft, larceny), hurto en tiendas (shoplifting), agresión a un agente del orden o un delito que cause la muerte o lesiones corporales graves, o reconozcan haber cometido alguno de esos delitos, si entraron sin inspección, no tienen documentos de entrada válidos o son inadmisibles por fraude o tergiversación. Otros antecedentes por lo general no impiden la audiencia, pero pesan en la pregunta del peligro. Las copias certificadas del resultado final (certified dispositions) deciden la categoría, y una audiencia Joseph permite impugnar una clasificación equivocada.

Hay tres vías y no son intercambiables. Una nueva solicitud al juez exige un cambio sustancial de circunstancias. Una apelación debe llegar a la Junta de Apelaciones de Inmigración dentro de 30 días calendario, según la guía vigente de la EOIR. Si el juez se negó a celebrar la audiencia por una teoría legal, o la detención se ha prolongado de forma irrazonable, una petición de hábeas corpus en la corte federal de distrito puede ser la herramienta correcta; vea apelaciones y litigio federal. Una solicitud a ICE para un monto menor u otra forma de liberación puede avanzar al mismo tiempo.

No. Según el 8 C.F.R. § 1003.19(d), la audiencia de fianza es un procedimiento aparte, y su expediente no forma parte de la audiencia de deportación. Ganar la fianza no decide el caso, y perderla no lo termina. Aun así, el testimonio necesita preparación, porque lo que la persona diga sobre su entrada, su historial y sus planes debe ser coherente con la defensa que sigue en el proceso de deportación.

Por lo general manda la ley del nuevo lugar. Una persona trasladada a Texas o Luisiana queda en el Quinto Circuito, que ha decidido que quienes entraron sin inspección deben permanecer detenidos sin audiencia de fianza, lo contrario que el Tercer Circuito. El Octavo Circuito ha decidido lo mismo. La petición de hábeas corpus se presenta en el distrito donde la persona está detenida, y una presentada antes del traslado por lo general sigue en esa corte. Avísele al abogado de cualquier traslado el mismo día.

No. La sección 236(a)(3) de la INA dispone que la liberación con fianza o bajo palabra con condiciones (conditional parole) no autoriza a trabajar por sí misma. El permiso de trabajo necesita su propia base, como una solicitud de asilo pendiente después del período de espera requerido u otra categoría elegible, cada una con sus propias reglas.

Cotizamos una tarifa fija después de revisar los papeles de custodia, los antecedentes y el lugar de detención. Cada etapa se define y se cotiza por separado, por escrito, antes de empezar: la audiencia de fianza, una posible apelación ante la Junta, una posible petición de hábeas corpus y el propio caso de deportación. Los honorarios legales son aparte de la fianza, que se paga a ICE y no forma parte de ningún plan de pago de la firma. Puede haber planes de pago para los honorarios legales, con condiciones que se confirman en la consulta; vea financiamiento.