El viernes 30 de octubre de 2026, la Fiscalía del Condado de Harris en Houston anunció que un gran jurado acusó formalmente a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de agresión agravada con arma mortal (aggravated assault with a deadly weapon). Según la fiscalía, el agente lanzó intencionalmente un vehículo sin identificación contra un trabajador de la construcción de 48 años que corría para alejarse de él. El agente e ICE dicen que no lo golpeó intencionalmente; ICE afirma que el hombre se atravesó corriendo frente al carro y califica el cargo como una maniobra política.
El agente se presume inocente, y será un tribunal, no un comunicado de prensa de ninguna de las partes, quien decida lo que ocurrió el 10 de octubre. Pero el caso plantea una pregunta que importa mucho más allá de Texas, y que nuestros clientes en Allentown, Bethlehem y Easton nos han hecho durante todo el año: ¿existen límites reales a lo que pueden hacer los agentes federales de inmigración?
Sí existen. Están escritos en los reglamentos federales, en la Constitución y en el código penal de cada estado. La pregunta más difícil, y la que este artículo intenta responder con honestidad, es quién hace cumplir esos límites cuando un agente los cruza. Nuestra opinión, dicha sin rodeos: las reglas son mejores de lo que la mayoría de la gente cree, los recursos para reclamar son más débiles de lo que deberían ser, y que un fiscal local intervenga no es un ataque contra el control migratorio. Es la forma que toma el Estado de derecho cuando los controles habituales han dejado de funcionar.
Este artículo también está disponible en su versión en inglés.
Qué Pasó en Houston
Según la agencia Associated Press, en la nota publicada por PBS NewsHour, y en otras noticias publicadas desde el 10 de octubre, estos son los hechos tal como los ha descrito cada parte:
- El incidente. El sábado 10 de octubre de 2026, durante un operativo de ICE en Houston, un vehículo sin identificación atropelló a Miguel Parra Hernández, un trabajador de la construcción de 48 años originario de México, mientras él corría. Sufrió una fractura en la pierna y después fue puesto bajo custodia migratoria. Según las noticias, él ha vivido en el área de Houston por más de 30 años sin estatus legal.
- La evidencia. Un video de vigilancia muestra un Jeep Cherokee pasando a toda velocidad por encima de un camellón hacia el señor Parra Hernández mientras corría. En una conferencia de prensa, el fiscal de distrito Sean Teare mostró el video de la cámara corporal del agente, en el que, después de bajarse del vehículo, se le escucha decir en inglés que venía llegando y lo golpeó con el carro.
- El cargo. Un gran jurado del Condado de Harris acusó formalmente al agente, identificado como Mario Alberto Morales, de agresión agravada con arma mortal, un delito grave de segundo grado. Su abogado dice que no cometió ningún delito y que fue un accidente. Hasta el viernes no estaba detenido; el fiscal dijo que se emitiría una orden de arresto y que su oficina había estado en contacto con el abogado del agente.
- La falta de cooperación. El señor Teare dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha cooperado con la investigación, acusó a ICE de destruir evidencia de forma intencional o por negligencia grave, y dijo que el agente se llevó el vehículo antes de que pudiera ser incautado.
- La posición de ICE. ICE dice que el señor Parra Hernández se atravesó corriendo frente al vehículo, califica de imprudentes y falsas las acusaciones de que el golpe fue intencional, y sostiene que las autoridades locales no tienen facultad para investigar a agentes federales que actúan en el ejercicio de sus funciones. A mediados de octubre, varios medios informaron, citando a un alto funcionario del DHS, que el agente había sido puesto en licencia administrativa.
- El objetivo del operativo. ICE dijo que el operativo buscaba a otro hombre, quien según la agencia había sido visto subiendo a un vehículo con el señor Parra Hernández. FIEL, una organización de derechos de los inmigrantes en Houston, dice que la hija de ese hombre informó que él murió en 2017. La fiscalía dice que su investigación no encontró evidencia de que los dos hombres estuvieran juntos en un vehículo.
El señor Teare también investiga por separado la muerte a tiros de Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente de ICE en el norte de Houston en julio de 2026, caso que tratamos en Tiroteos de ICE en Maine y Houston: Conozca sus derechos durante una parada migratoria. En ese caso todavía no se ha anunciado ninguna decisión sobre cargos.
¿Puede un Fiscal del Condado Acusar a un Agente Federal?
El comunicado de ICE dice que las autoridades locales no tienen facultad para investigar a agentes federales. Esa no es una descripción correcta de la ley. Se entiende mejor como un adelanto de la defensa legal que presentará el agente.
Los agentes federales no tienen una inmunidad general frente a las leyes penales de los estados. Un empleado federal que comete un delito en una calle de Texas o de Pensilvania puede ser acusado bajo el código penal de ese estado como cualquier otra persona. Lo que sí tienen los agentes federales es una defensa conocida como inmunidad bajo la Cláusula de Supremacía (Supremacy Clause immunity), que viene de la decisión de la Corte Suprema en In re Neagle, 135 U.S. 1 (1890). En ese caso, un alguacil federal asignado a proteger al juez de la Corte Suprema Stephen Field disparó contra un hombre que atacó al juez, y la Corte decidió que California no podía procesarlo por un acto que la ley federal le autorizaba y que era necesario y apropiado para cumplir con su deber.
Esa defensa es real, pero no es un cheque en blanco. Los tribunales generalmente se hacen dos preguntas: ¿estaba el agente haciendo algo que la ley federal le autorizaba?, y ¿lo que hizo era razonablemente necesario para cumplir con ese deber? Un agente que usa una fuerza muy superior a la que la situación exigía puede perder esa protección. Como señala un análisis de enero de 2026 del State Court Report del Brennan Center, en 1906 la Corte Suprema permitió que Pensilvania procesara a dos soldados por matar a un civil cerca de un arsenal federal, porque si los testigos tenían razón y el hombre ya había sido capturado, esa muerte no podía formar parte de ningún deber federal.
La ley federal también le da al agente una opción procesal. Bajo 28 U.S.C. 1442(a)(1), un proceso penal iniciado en un tribunal estatal contra un agente federal por cualquier acto realizado en el ejercicio de su cargo (under color of such office) puede trasladarse a un tribunal federal de distrito. En la práctica, eso significa que el caso del Condado de Harris muy probablemente terminará ante un juez federal, quien decidirá si se aplica la defensa de inmunidad. Los fiscales del estado siguen llevando el caso. Los hechos en disputa sobre lo que el agente vio y lo que pretendía normalmente tienen que resolverse antes de decidir la defensa, y por eso estos casos avanzan despacio.
Un punto más que ha recibido poca atención: una condena por un delito estatal no es un delito federal, así que queda fuera del poder de indulto del Presidente. Esa es parte de la razón por la que los procesos estatales contra agentes federales son tan poco comunes y tan disputados.
Las Reglas Que ICE Ya Tiene Que Cumplir
Gran parte del debate público da por hecho que ICE opera sin normas escritas. No es así. El propio reglamento del Departamento de Seguridad Nacional, 8 CFR 287.8, titulado "Normas para las actividades de control" (Standards for enforcement activities), establece reglas obligatorias para los agentes de inmigración. Entre ellas:
- Fuerza no letal. Solo puede usarse cuando el agente tiene motivos razonables para creer que es necesaria, y el agente debe usar siempre la mínima fuerza no letal necesaria para cumplir su misión (8 CFR 287.8(a)(1)(ii) y (iii)).
- Fuerza letal. Definida como cualquier fuerza que probablemente cause la muerte o lesiones físicas graves, solo puede usarse cuando el agente tiene motivos razonables para creer que es necesaria para protegerse a sí mismo o a otras personas de un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves (8 CFR 287.8(a)(2)).
- Detenciones breves. Un agente solo puede detener brevemente a alguien para hacerle preguntas si tiene una sospecha razonable, basada en hechos específicos y concretos, de que la persona está en el país ilegalmente o está cometiendo un delito federal (8 CFR 287.8(b)(2)).
- Arrestos. Un arresto requiere motivos para creer que la persona está en Estados Unidos ilegalmente o cometió un delito federal, y una orden de arresto salvo que sea probable que la persona escape antes de poder obtenerla. Tan pronto como sea práctico y seguro, el agente debe identificarse y explicar el motivo del arresto (8 CFR 287.8(c)(2)). Las amenazas, la coacción y el maltrato físico para obtener una declaración están prohibidos (8 CFR 287.8(c)(2)(vii)).
- Viviendas y lugares de trabajo. Un agente no puede entrar a una vivienda, incluido su terreno inmediato (curtilage), ni a las áreas no públicas de un negocio para interrogar a las personas sobre su estatus migratorio sin una orden (warrant) o el consentimiento de la persona a cargo del lugar (8 CFR 287.8(f)(2)).
Un vehículo no está exento de estas reglas. Lanzar un carro contra una persona que corre para alejarse es un uso de la fuerza, y un carro puede causar lesiones físicas graves. Si eso fue lo que ocurrió en Houston le corresponde decidirlo al tribunal. Pero la norma que se aplica no es ningún misterio, y es un reglamento del propio DHS.
La Constitución Sigue Aplicándose
La Cuarta Enmienda protege a toda persona en Estados Unidos, sea ciudadana o no, contra registros y detenciones irrazonables. Se aplica a ICE de la misma manera que a un agente de la Policía Estatal de Pensilvania. Lo que cambia es lo que pasa cuando se viola.
En un tribunal penal, la evidencia obtenida mediante un registro inconstitucional normalmente se excluye. En la corte de inmigración, la regla es más limitada. Según INS v. Lopez-Mendoza, 468 U.S. 1032 (1984), la regla de exclusión (exclusionary rule) generalmente no se aplica en los procesos civiles de deportación. Pero aquí en el Tercer Circuito, que incluye a Pensilvania y Nueva Jersey, el tribunal de apelaciones decidió en Oliva-Ramos v. Attorney General, 694 F.3d 259 (3d Cir. 2012), que las violaciones graves o generalizadas de la Cuarta Enmienda todavía pueden importar, anuló una orden de deportación y devolvió el caso para que la agencia las considerara. Para una persona en proceso de deportación después de un arresto violento o ilegal, los hechos de ese arresto no son irrelevantes. Hay que documentarlos desde el principio.
En la práctica, los límites constitucionales también se han reducido. En septiembre de 2025, en Noem v. Vasquez Perdomo, 606 U.S. 1026 (2025), la Corte Suprema suspendió una orden de un tribunal federal de California que había restringido las detenciones migratorias itinerantes en el área de Los Ángeles. La orden de la Corte no explicó el razonamiento de la mayoría; el juez Kavanaugh escribió por separado, citando la misma norma de sospecha razonable de 8 CFR 287.8(b)(2). La norma no cambió. Lo que cambió es el margen que tienen los agentes dentro de ella.
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El Vacío en la Rendición de Cuentas
Si las reglas existen, la pregunta honesta es qué pasa cuando se rompen. Una persona lesionada tiene tradicionalmente tres caminos, y cada uno se ha estrechado.
Una demanda contra el agente en lo personal. Durante décadas, las personas lesionadas por agentes federales a veces podían demandarlos por daños mediante lo que los abogados llaman una demanda Bivens. En Egbert v. Boule, 596 U.S. 482 (2022), la Corte Suprema decidió que Bivens no se extiende a una demanda por uso excesivo de la fuerza bajo la Cuarta Enmienda contra un agente de la Patrulla Fronteriza. La Corte señaló el procedimiento interno de quejas del DHS en 8 CFR 287.10 como una alternativa adecuada. En la práctica, demandar a un agente de inmigración en lo individual por uso excesivo de la fuerza es hoy muy difícil.
Un reclamo contra el gobierno de Estados Unidos. La Ley Federal de Reclamos por Agravios (Federal Tort Claims Act, FTCA) permite reclamar al gobierno por lesiones causadas por empleados federales. Normalmente la FTCA excluye los reclamos por agresión y lesiones (assault and battery), pero una reforma de 1974, 28 U.S.C. 2680(h), los permite cuando la conducta es de agentes de investigación o de orden público (investigative or law enforcement officers), categoría que incluye a los agentes de inmigración con facultad de arresto. El reclamo debe presentarse primero por escrito ante la agencia dentro de los dos años siguientes (28 U.S.C. 2401(b)), normalmente en el Formulario Estándar 95 (Standard Form 95). Este camino puede cubrir gastos médicos y salarios perdidos. No castiga al agente, y el agente no es el demandado.
Una queja interna. Bajo 8 CFR 287.10, cualquier persona puede denunciar una violación de las normas de control ante la Oficina del Inspector General del DHS, y el reglamento exige que la queja se investigue con rapidez. Es un proceso real. Pero lo maneja el mismo departamento al que pertenece el agente acusado, y el reglamento no le da a quien presenta la queja ningún derecho a ver el resultado ni a apelarlo.
Si se juntan los tres caminos, el vacío es evidente. Al agente no se le puede demandar fácilmente, el gobierno solo paga si el reclamo se presenta correctamente y a tiempo, y la disciplina es interna. Ese es el contexto en el que un fiscal del condado decidió presentar un cargo penal. Se puede estar en desacuerdo con esa decisión. Lo difícil es sostener que las alternativas están funcionando bien.
Qué Pasa con el Hombre Atropellado
Las lesiones del señor Parra Hernández no terminaron su caso migratorio. Después del atropello fue puesto bajo custodia, donde según las noticias sigue mientras se recupera. Hay tres caminos legales que vale la pena entender, tanto para él como para cualquier persona en una situación parecida. No lo representamos y no conocemos los detalles de su caso.
Detención y fianza. Que una persona arrestada dentro del país tenga derecho a una audiencia de fianza depende ahora del lugar donde esté detenida. El 23 de octubre de 2026, el pleno del Quinto Circuito, que incluye a Texas, falló en Sosnava Rodriguez v. Vergara en contra de las órdenes de tribunales de distrito que habían exigido audiencias de fianza para personas detenidas bajo 8 U.S.C. 1225(b)(2)(A). Aquí en el Tercer Circuito, Buele Morocho v. Warden (28 de agosto de 2026) restableció las audiencias de fianza para muchas personas arrestadas dentro de Estados Unidos. Explicamos ese fallo en El Tercer Circuito Restaura las Audiencias de Fianza, y el proceso de la audiencia en Audiencias de Fianza de Inmigración: Cómo Salir de la Detención de ICE. El 1 de octubre de 2026, la Corte Suprema aceptó revisar un caso relacionado, Rhoney v. Barbosa da Cunha, No. 26-104, así que la respuesta podría cambiar otra vez.
La visa U. La visa U protege a las víctimas de ciertos delitos que han ayudado en la investigación o el proceso penal. La lista de delitos que califican, en INA 101(a)(15)(U)(iii), incluye la agresión grave (felonious assault) y abarca violaciones de leyes penales federales, estatales o locales. Nada en la ley excluye los delitos cometidos por empleados del gobierno. Una fiscalía es expresamente una "agencia certificadora" (certifying agency) bajo 8 CFR 214.14(a)(2), así que un fiscal de distrito que presenta cargos por una agresión puede firmar la certificación del Formulario I-918, Suplemento B. Firmarla o no es decisión de la agencia, y la visa U sigue implicando una espera larga. Nuestras guías sobre los delitos que califican para la visa U y la certificación I-918B en Pensilvania explican el proceso.
El caso de deportación en sí. Si la evidencia contra una persona salió de un arresto que violó las normas de control o la Constitución, eso puede plantearse en la corte de inmigración, como muestra Oliva-Ramos. Pocas veces es una defensa completa, pero tampoco es poca cosa.
Nuestra Opinión: El Control Migratorio También Tiene Que Cumplir la Ley
Nos dedicamos al derecho migratorio. Representamos a personas en procesos de deportación cada semana, y trabajamos con agentes de ICE y abogados del gobierno que hacen su trabajo con profesionalismo. Nada en este artículo pone en duda la autoridad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración que aprobó el Congreso. Esa autoridad es real, y fingir lo contrario no ayuda en nada a nuestros clientes.
Pero la autoridad para hacer cumplir la ley no es autoridad para violarla. El mismo Congreso que escribió las leyes de deportación escribió la ley que permite trasladar a tribunales federales los casos contra agentes federales, y escribió la FTCA. El mismo departamento que dirige a ICE está obligado por 8 CFR 287.8, con su exigencia de usar la mínima fuerza necesaria. Cuando una agencia dice que los fiscales locales ni siquiera tienen derecho a investigar, cuando, según el fiscal, un vehículo desaparece antes de poder ser incautado, y cuando el objetivo de un operativo quizá llevaba nueve años muerto, el público tiene derecho a preguntar si esas normas se están haciendo cumplir desde adentro.
Un cargo penal es una herramienta tosca, y el caso de Houston bien podría terminar en un tribunal federal con la defensa de inmunidad del agente confirmada. Eso sería el sistema funcionando como fue diseñado, con un juez evaluando la evidencia. Lo que debería preocuparnos a todos, sea cual sea nuestra opinión sobre la inmigración, es un mundo en el que nadie la evalúa. Los límites que nadie hace cumplir no son límites. Son sugerencias.
Qué Significa Esto en el Valle de Lehigh
Pensilvania tiene su propio código penal y sus propios fiscales de distrito elegidos por voto popular. Los fiscales de distrito de los condados de Lehigh y Northampton tienen la misma facultad básica que usó el señor Teare: investigar y presentar cargos por delitos cometidos en sus condados, sujetos a las mismas defensas federales. Esto no es una predicción de que algo parecido vaya a pasar aquí. Es un recordatorio de que la ley local no se detiene ante una placa federal.
El control migratorio en Pensilvania se ha vuelto más visible en 2026, incluso en las paradas de tráfico y mediante los acuerdos 287(g), tema que tratamos en Why More Pennsylvania Traffic Stops Now Involve ICE (en inglés). Si a usted o a un familiar lo detienen:
- Mantenga la calma y no corra. Correr no lo protege y, como muestra el caso de Houston, puede ponerlo en peligro físico sin importar las obligaciones legales del agente.
- Puede guardar silencio sobre su lugar de nacimiento y su estatus migratorio, y no tiene que dar su consentimiento para un registro. No firme nada que no entienda. Nuestra guía Qué Hacer Si ICE Te Detiene explica cada paso.
- Si usan la fuerza o usted resulta lesionado, busque atención médica y guarde los registros. Anote la hora, el lugar, los vehículos, los números de placa de los agentes y los testigos, y guarde cualquier video. Estos datos importan en la corte de inmigración, en un reclamo bajo la FTCA y, posiblemente, en una visa U.
- Recuerde el plazo de dos años de la FTCA. Se cuenta desde la lesión, no desde el final del caso migratorio.
Los casos de personas detenidas de esta zona generalmente se ven en la Corte de Inmigración de Filadelfia, y las personas bajo custodia pueden estar en centros de detención en distintas partes de Pensilvania. Si un familiar fue arrestado, nuestro equipo de defensa contra la deportación puede ayudarle a localizarlo y a pedir una audiencia de fianza.
Preguntas Frecuentes
¿Puede un estado o un condado procesar a un agente de ICE?
Sí. Los agentes federales están sujetos a las leyes penales estatales. Pueden alegar inmunidad bajo la Cláusula de Supremacía, que protege la conducta autorizada por la ley federal y razonablemente necesaria para cumplir con su deber, y normalmente pueden trasladar el caso a un tribunal federal bajo 28 U.S.C. 1442. Luego un juez decide si se aplica esa defensa.
¿Qué reglas limitan la fuerza que pueden usar los agentes de ICE?
Bajo 8 CFR 287.8(a), los agentes de inmigración solo pueden usar fuerza no letal cuando tienen motivos razonables para creer que es necesaria, y deben usar la mínima fuerza necesaria. La fuerza letal solo se permite para proteger al agente o a otras personas de un peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves.
¿Puedo demandar a un agente de ICE que me lesionó?
Demandar al agente en lo personal por daños es muy difícil después de la decisión de la Corte Suprema en Egbert v. Boule en 2022. Un reclamo contra Estados Unidos bajo la Ley Federal de Reclamos por Agravios suele ser el mejor camino; debe presentarse por escrito ante la agencia dentro de los dos años siguientes a la lesión.
¿Puede calificar para una visa U una persona lesionada por un agente de inmigración?
Es posible. La agresión grave es un delito que califica, y la ley abarca violaciones de leyes federales, estatales o locales sin excluir a los empleados del gobierno. La víctima necesita una certificación de una agencia como la fiscalía y debe haber ayudado en la investigación. Cada caso depende de sus hechos.
¿Necesita ICE una orden para entrar a mi casa?
Bajo 8 CFR 287.8(f)(2), un agente de inmigración no puede entrar a una vivienda ni a su terreno inmediato para interrogar a las personas sobre su estatus sin una orden o el consentimiento de la persona a cargo. Usted no tiene que abrir la puerta, y puede pedir que le pasen la orden por debajo de la puerta para leerla.
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Si usted o un familiar fue arrestado, detenido o lesionado durante un operativo migratorio en Pensilvania, Nueva Jersey o Nueva York, podemos revisar lo que pasó, proteger su caso migratorio y explicarle qué plazos aplican. Llame al (484) 763-4984 o contáctenos en línea para una consulta bilingüe gratuita en español o inglés. Cada caso es diferente, y los resultados anteriores no garantizan un resultado futuro.